La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) enfrenta una presión creciente para transparentar el estatus de las investigaciones relacionadas con la violencia institucional ejercida contra la periodista Camelia Muñoz. A casi dos años de los hechos, el organismo encabezado por José Ángel Rodríguez Canales no ha emitido una resolución, lo que la afectada califica como un patrón de omisión que desprotege el ejercicio periodístico frente al poder político.
La denuncia central se origina en los hechos ocurridos el 8 de abril de 2024, cuando Muñoz fue agredida verbal y físicamente durante una entrevista al Presidente Municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González. El incidente, que escaló tras cuestionamientos sobre auditorías financieras, dejó a la periodista con lesiones físicas validadas por dictámenes médicos forenses, sin que hasta el momento exista una sanción o amonestación pública para los responsables.
“El 8 de abril del 2024 fui agredida verbalmente por el presidente municipal de Torreón Román Alberto Cepeda González, a quien entrevistaba por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El edil gritando preguntó, ‘¿Quién te mandó?’ de forma reiterada como si por el hecho de ser mujer no tuviera capacidad para realizar una investigación periodística y cuestionarlo”.
La agresión no se limitó al intercambio verbal con el alcalde. Según consta en el expediente de queja y en los peritajes de la Fiscalía General del Estado, la directora de comunicación social, Cristal Barrientos Torres, intervino de forma violenta, provocando una lesión en el hombro izquierdo de la comunicadora que fue documentada oficialmente bajo el folio 009/SAL/UNE/2024.
“Su jefa de prensa, Cristal Barrientos Torres, intervino violentamente, siguió la agresión verbal y vino la física, provocando lesión en mi hombro izquierdo como lo precisa el dictamen elaborado por la Fiscalía General del Estado dentro del expediente 009/sal/une/2024”.
Pese a la existencia de expedientes abiertos, como el CDHEC/1/2023/360/Q y el CDHEC/2/2024/122/Q, la institución defensora de derechos humanos ha mantenido una parálisis administrativa. Para la denunciante, este silencio no es accidental, sino una estrategia de “desgaste” que busca el archivo de las quejas sin que los funcionarios municipales tengan que rendir cuentas públicas por sus actos.
“El actual presidente mantiene el mismo comportamiento, dar largas sin pronunciarse sobre las quejas que seguramente cerrará. Su actuación se ha convertido en un patrón de comportamiento que se configuran como violencia institucional”.
La periodista sostiene que la falta de garantías en Coahuila para ejercer el periodismo de investigación se agudiza cuando los organismos autónomos deciden no confrontar los abusos de autoridad. Al no haber consecuencias, se envía un mensaje de permisividad para que otros funcionarios repliquen conductas intimidatorias contra la prensa.
“Cuando una agresión contra la prensa queda sin respuesta, se legitima la libertad de expresión y se envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia contra quienes investigan, preguntan y cuestionan al poder”.
Camelia Muñoz concluyó su postura señalando que, aunque inició estos procesos consciente de la falta de justicia real en la entidad, su objetivo es que los responsables respondan ante la opinión pública. Para la periodista, es imperativo que quede asentado de manera oficial que las instituciones han fallado en su deber y que, actualmente, las mujeres periodistas en Coahuila carecen de las garantías mínimas para realizar su labor profesional.
