“Otro año que queda atrás”, dice la famosa canción que por estas horas suena en todos lados por fin de año, pero en Torreón, la letra que dice “no hay montaña que pueda más que la voluntad” choca de frente con la realidad institucional. Al cierre de 2025, la administración del alcalde Román Alberto Cepeda concluye con una asignatura pendiente: el cumplimiento integral de la Recomendación 12/2025 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitida por las agresiones perpetradas por autoridades municipales y estatales el 8 de marzo de 2024 contra mujeres e infancias en la Plaza Mayor de Torreón.
A pesar de que el Ayuntamiento, la Fiscalía y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aceptaron formalmente su responsabilidad por las agresiones cometidas contra 32 víctimas documentadas, el proceso de reparación se encuentra estancado.
Esta carencia de disposición institucional quedó en evidencia cuando el Ayuntamiento intentó dar por cumplidos los puntos de la recomendación sin tomar en cuenta a las activistas, como lo marcaba la Comisión. Al no citar a las integrantes de la asamblea para la elaboración de los nuevos reglamentos y protocolos de actuación, el municipio provocó un retraso que hoy mantiene el tema en la incertidumbre. Si hubiera existido voluntad para integrar a las denunciantes, Torreón recibiría el 2026 con protocolos de seguridad modernos y una disculpa pública institucional; en cambio, el proceso se encuentra pausado por el periodo vacacional y con un nuevo plazo de 15 días hábiles otorgado por la CDHEC ante las deficiencias del gobierno local.
Al cierre de este ciclo, la administración municipal sigue sin emitir la disculpa pública oficial, un acto fundamental para restablecer la dignidad de las mujeres e infancias violentadas con gas lacrimógeno y macanazos. Al respecto, la CDHEC es clara en su resolución: el Ayuntamiento debe realizar un reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades para restablecer la dignidad de las víctimas, lo cual se traduce en una disculpa pública institucional. Sin embargo, esta obligación técnica se ha convertido en una carga política que la administración de Román Alberto Cepeda ha preferido postergar, dejando pendiente el acto de justicia restaurativa más importante del caso.
La abogada Sofía Díaz Lozano, vocera de la asamblea “Mujeres que Luchan por Mujeres”, explicó cómo el Ayuntamiento intentó simular el cumplimiento mediante informes de avances que carecían de validez al excluir a las colectivas.
“En estos informes de los supuestos avances que ellos mencionan, decían que ya habían hecho el protocolo homologado, que habían hecho un nuevo reglamento, pero como las de ‘Mujeres que Luchan por Mujeres’ no fuimos citadas a la elaboración, la Comisión los tuvo por no cumplidos y les dio un periodo de 15 días hábiles más para que los cumplimentaran. Sin embargo, se atravesó el periodo vacacional y estamos en ascuas.”
El balance de fin de año también exhibe la opacidad en las sanciones administrativas. Aunque la Fiscalía General del Estado y la AIC mostraron una disposición inicial más ágil al aceptar la recomendación desde agosto, ninguna de las tres corporaciones involucradas ha informado sobre los resultados tangibles de sus investigaciones internas. No existe claridad sobre si los agentes agresores han recibido castigos ejemplares o si la impunidad será la constante al inicio del próximo año.
Sobre esta falta de transparencia en los castigos a los oficiales, la abogada Díaz Lozano señaló que la autoridad aún tiene cuentas pendientes.
“Ya informaron los avances que llevaban en el tema de las investigaciones internas, pero no han explicado qué sanciones han impuesto. Entonces la Comisión les solicitó que enviaran qué sanciones les han aplicado a las oficiales; y para el caso de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía fue algo similar: dicen que hacen investigaciones, pero como no han informado sanciones o qué ha resultado, también les solicitaron esa información.”
De esta manera, mientras la ciudad celebra el fin de año, el reloj de la justicia sigue detenido para las víctimas del #8M de 2024. Las corporaciones se llevan al 2026 una montaña de pendientes que, con voluntad y apego a los derechos humanos, pudieron haberse resuelto este 2025 para garantizar que la violencia institucional no vuelva a repetirse.
Kathia Torres
