Han pasado seis años y la lucha legal de Nallely Salazar por el bienestar integral de su hija continúa en Torreón. Desde marzo de 2019, la menor fue sustraída de manera aparentemente ilegal por la familia paterna, quien la retuvo durante cinco años y cinco meses sin permitirle convivir con su madre e incluso aislándola del mundo exterior.
Aunque la menor fue recuperada en agosto de 2024, el proceso penal contra los responsables sigue enfrentando trabas institucionales.
Nallely, integrante de la colectiva Justicieras por Nuestras Infancias, señala que durante todo este tiempo fue víctima de violencia vicaria, buscando dañarla a través de su hija, mientras ella era blanco de constantes ataques legales falsos.
“La violencia vicaria es instrumentalizar a los niños, a las niñas para dañar a la madre. Y todo este tiempo yo fui víctima desde el 2019. Todo ese tiempo la verdad yo la padecí psicológicamente, económicamente para poder reestructurar nuestro vínculo madre e hija”.
Declaró Nayeli Salazar en transmisión en vivo, minutos antes de entrar a audiencia
A pesar de haber recuperado a su hija, la madre denuncia que la familia presuntamente agresora sigue acechándola y que el sistema judicial no ha garantizado su seguridad ni ha vinculado a todos los responsables, quienes mantuvieron a la niña en condiciones similares al cautiverio.
“Estamos atoradas, atrapadas en el sistema porque estos infractores inventan delitos… Yo todavía sigo pagando los estragos de esta violencia que no cesa. De hecho, tengo temor por mi seguridad porque el día 2 de diciembre pusimos a disposición a una persona que me está acechando”.
Declaró Nayeli Salazar en transmisión en vivo, minutos antes de entrar a audiencia
Tras una audiencia celebrada el día de lunes 26 de enero, el caso tomó un nuevo rumbo. La defensa de uno de los supuestos agresores intentó cerrar el proceso bajo el argumento de que los hechos no constituyen un delito grave; sin embargo, la representación social se opuso, planteando la posibilidad de que el delito sea reclasificado por uno más severo durante el juicio.
Nallely Salazar explicó que esta apertura de la Fiscalía puede representar un respiro en el caso, pues permitiría que se castigue el tiempo de vida que le fue robado a su hija y no se quede en una simple sanción por retención. No obstante, se mantiene expectante, ya que considera que las autoridades suelen minimizar estos delitos cuando el agresor es un progenitor, ignorando el daño físico y psicológico de casi seis años de aislamiento. El reclamo hacia la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Fiscalía de las Mujeres es que el caso no quede impune y se logre una sentencia que reconozca la gravedad de la violencia vivida.
