La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dejar sin materia el recurso de queja impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el respaldo de la Presidencia de la República, el cual buscaba redefinir y recortar el alcance de la histórica sentencia del amparo en revisión 543/2022.
Con esta resolución dictada en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama este jueves 3 de septiembre de 2026, el Máximo Tribunal del paÃs desechó formalmente las pretensiones del Ejecutivo Federal, dejando firme e inamovible el mandato judicial que obliga a frenar la sobreexplotación del acuÃfero principal de la Comarca Lagunera.
Para entender la trascendencia de este triunfo ciudadano, la sentencia 543/2022, ganada por las organizaciones Prodefensa del Nazas, Encuentro Ciudadano Lagunero y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero, determinó la inactividad omisa e ilegal de la CONAGUA y de la SecretarÃa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La resolución ordenó a ambas dependencias implementar auditorÃas e inspecciones a los concesionarios, colocar medidores volumétricos en los pozos e impedir la entrega de prórrogas o nuevos volúmenes de extracción en tanto no se determine cientÃficamente la capacidad real del acuÃfero.
El abogado representante de las asociaciones civiles, Luis Pedroza GarcÃa, explicó que ediante el oficio 100.CJEF.06053.2026 firmado por la ConsejerÃa JurÃdica de la Presidencia, el gobierno federal intentó que la Suprema Corte flexibilizara estas medidas para reactivar los trámites a favor de grandes usuarios agroindustriales, bajo el argumento de que paralizar concesiones afectaba la economÃa.
“Se encontraba pendiente de resolución un recurso que interpuso la Comisión Nacional del Agua el año pasado. Prácticamente la finalidad que se buscaba, en coordinación con la presidenta de la República, era que la Suprema Corte modificara, delimitara y reinterpretara los alcances de la sentencia que ordena proteger al acuÃfero. Afortunadamente se resuelve hoy que esa queja queda sin materia, no se entra al estudio del fondo y la sentencia 543 se mantiene en los términos en los que fue dictada”.
Esta victoria en la Suprema Corte representa el segundo intento fallido por derribar o mutilar la sentencia 543. La primera embestida ocurrió a nivel local en un Tribunal Colegiado de Circuito, donde un grupo de grandes concesionarios promovió recursos legales e incluso un magistrado presentó en dos ocasiones proyectos para revocar el fallo de la Corte, intento que fue frenado gracias a la movilización de ciudadanos que se manifestaron a las afueras de los juzgados.
Tras el fracaso de los concesionarios en la vÃa local, el conflicto escaló al ámbito federal cuando la propia Presidencia de la República tomó el caso e intentó ordenar modificaciones desde la ConsejerÃa JurÃdica ante el Máximo Tribunal.
La presión gubernamental detonó una intensa respuesta de la sociedad civil en las últimas semanas, la cual incluyó alegatos técnicos con la ponencia de la ministra Batres y el ministro presidente Hugo Aguilar, la entrega de un manifiesto a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su última visita a Gómez Palacio para exigirle frenar también la planta Fermachem, y el despliegue de un video firmado por colectivas como El Canto al Agua, Sembrando SabidurÃa, Ola Feminista Laguna, Acompañantes Laguna, De Morras Para Morras y Marea Verde México.
Durante este periodo, la SEMARNAT pretendió que el juez de distrito local suspendiera los trabajos de cumplimiento del amparo hasta que la SCJN resolviera la queja de CONAGUA, pero el juzgador rechazó la solicitud y mantuvo vigentes las auditorÃas.
El litigante Pedroza GarcÃa señaló cómo la presión polÃtica del Ejecutivo tuvo que ser contrarrestada por la articulación comunitaria en las calles y en los tribunales.
“Nosotros buscamos hacer un contrapeso desde la sociedad civil, haciéndole saber a la Suprema Corte que no solamente las asociaciones que ganamos el amparo estamos al pendiente del cumplimiento, sino que toda la sociedad civil la está defendiendo, se está apropiando de ella y sabe cuál es su finalidad. Este es el segundo gran intento de obstaculizar la sentencia y, afortunadamente, ha prevalecido su subsistencia”.
Con este fallo definitivo, la CONAGUA y la SEMARNAT deberán continuar con la fiscalización de aprovechamientos hÃdricos y el cierre de accesos irregulares al subsuelo.
Por último el abogado Pedrosa que la ratificación del amparo 543 sienta un precedente indispensable de resistencia ciudadana y equilibrio de poderes.
